A mediados de este mes, el Ejecutivo derogó el Decreto Supremo Nº 009-65, norma vigente desde 1965 que obligaba a las empresas con más de 100 trabajadores a contar con un trabajador social para el área de relaciones industriales. Esta medida respondía a una resolución del Indecopi, que consideró esta exigencia una barrera burocrática carente de razonabilidad.La decisión fue sustentada en la Resolución Nº 05982024, donde se argumentó que no se había demostrado técnicamente la necesidad de contar, específicamente, con trabajadores sociales para cumplir funciones de bienestar laboral, y que otras profesiones podrían ejercer roles similares.Sin embargo, esta obligación podría volver a incorporarse al marco legal, ya que en los días posteriores a la derogatoria se han presentado diversas propuestas legislativas en el Congreso con el fin de restituirla.
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