Semanas atrás, el gobierno se negó a entregar información a este Diario sobre el operativo puesto en marcha para subir el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, de los S/16.000 que percibe hoy a los S/35.568 que, según un cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas, le correspondería recibir por su cargo. La excusa esgrimida en aquel momento fue que el tema era "confidencial", según el artículo 17 de la Ley de Transparencia, que señala que se puede restringir el derecho de acceso a la información pública cuando esta "contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión". Y que, en este caso, como el aumento del salario de la mandataria todavía se encontraba en discusión y no se había tomado una decisión al respecto, le correspondía esta clasificación. Un argumento que, como dijimos en su momento, no resultaba convincente -cabe destacar que desde El Comercio se ha apelado la decisión y se espera una pronta respuesta del Tribunal de Transparencia-.