Por Iván Arenas.Es 22 de febrero de este año. Estamos en el colegio emblemático Miguel Grau en Abancay, Apurímac. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha de organizar una primera audiencia descentralizada cuyo fin es "recoger las demandas y necesidades de los mineros artesanales" de la zona para lo que meses después sería el proyecto de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala o, simplemente, Ley MAPE. La comisión es liderada por Paul Gutiérrez, apurimeño; por ende, entiende bien las "demandas y necesidades" de los pequeños mineros. Junto a él, es decir, al lado de Gutiérrez, está Hernán de la Cruz, profesor y dirigente de una Federación de Mineros Artesanales de Apurímac. También se hace llamar ‘Tankar Rau Rau Amaru’, entre otros apodos. De la Cruz expone las líneas maestras de lo que mañana será la Ley Mape. Habla allí de un nuevo concepto de minería informal, introduce la "minería ancestral", condena el acaparamiento y las concesiones ociosas. Perfila la lucha de clase entre grandes mineros y pequeños mineros. Relatos, puros relatos. Nos venimos hasta junio de este año. El presidente de la comisión presentará ante sus pares uno de los proyectos de Ley Mape más antitécnicos e ideologizados, y que no vale la pena desarrollarlo aquí. La oposición a semejante propuesta la lidera la congresista y vicepresidenta del grupo Diana González. Ella ha de hablar muy bien siempre. Escuchen sus intervenciones tanto en el pleno del Congreso como en la propia comisión. Hasta aquí, estimado lector, se habrá dado cuenta ya del papel de la estratégica Comisión de Energía y Minas en todo este asunto de la formalización minera; que, dicho sea, en una absoluta miopía y en el fragor de la negociación política para constituir una candidatura a una mesa única, se la entregaron al Bloque Magisterial, un capítulo aparte, un ‘spin-off’ del cerronismo y de la ‘izquierda rentista’.