La decisión del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, de anunciar la cuarta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2025 constituye una confesión tácita de que el Estado Peruano parece haber tirado la toalla con respecto al combate de la minería ilegal y ha optado por institucionalizar esta práctica. Esta nueva prórroga, que se suma a las tres anteriores desde su creación en el 2016, confirma lo que diversos sectores han denunciado sistemáticamente: el Reinfo no es un instrumento de formalización, sino un mecanismo perverso de legitimación de la ilegalidad minera. Los números son devastadores y revelan el fracaso rotundo de esta política gubernamental. De los 87.111 mineros informales inscritos desde la creación del registro, apenas el 2,4% ha logrado formalizarse efectivamente. Esta cifra irrisoria demuestra que el Reinfo ha funcionado más como un salvoconducto para continuar operando al margen de la ley que como una herramienta genuina de ordenamiento del sector extractivo nacional.