Las economías ilegales no solo generan violencia, destrucción ambiental y competencia desleal. En el Perú, están también reconfigurando el juego político y socavando los cimientos del Estado de Derecho.Esa es la advertencia central del estudio "Análisis exploratorio: economías ilegales y elecciones", elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia en alianza con la Asociación Empresarios por la Integridad.El informe documenta con cifras y escenarios la manera en que los enormes flujos de dinero de estas actividades ilícitas encuentran en los procesos electorales una puerta de entrada para influir, financiar, cooptar o infiltrar candidaturas y agendas políticas.El informe estima que las ventas anuales de las principales economías ilegales ascienden a US$7.489 millones:Oro ilegal: US$4.619 millones.Cocaína: US$2.192 millones.Contrabando: US$600 millones.Madera ilegal: US$78 millones.