Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura.Desde finales del siglo pasado, la industria minera en el Perú ha experimentado un desarrollo intensivo, especialmente en el ámbito de la exploración, incorporando métodos sofisticados para la detección de depósitos minerales. Posteriormente, con la construcción y puesta en operación de modernas minas, el país ha sido testigo de una serie de protestas sociales.Las razones de estas protestas han girado principalmente en torno a dos grandes preocupaciones: los derechos humanos y el medio ambiente. Han sido numerosas las movilizaciones masivas contra proyectos como Tía María, Conga, Yanacocha, Tambogrande, Las Bambas, Tintaya, entre otros. Hoy en día, enfrentamos una realidad distinta, pero igual de alarmante: la proliferación de la minería artesanal e ilegal, donde miles de trabajadores operan en condiciones infrahumanas. Ellos están expuestos no solo a enfermedades profesionales causadas por humos y polvos, sino también a riesgos extremos para sus vidas. Manipulan explosivos sin ningún tipo de capacitación ni control, los almacenan en lugares inadecuados y son obligados a utilizarlos sin preparación técnica alguna. Comunidades indígenas, campesinos y pastores son violentamente desplazados de sus tierras por estas actividades. (Edición sábado).