El Congreso insiste en defender la ley que liberaría a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Ante el Tribunal Constitucional, el Parlamento defendió su legalidad y rechazó los cuestionamientos sobre su constitucionalidad. La defensa afirmó que la norma busca restituir seguridad jurídica frente a lo que consideran un uso político del derecho penal internacional.