La extensión del Reinfo aprobada por el Congreso a fines del año pasado está por extinguirse este 30 de junio. Lo más probable, sin embargo, es que el Ejecutivo amplíe su vigencia por seis meses más, a pesar de que, como hemos explicado aquí muchas veces, se trata de un instrumento que brinda a la minería ilegal un parapeto para seguir operando impunemente. Como se sabe, la condición que se estableció oficialmente para no prorrogarlo era que se aprobase primero en el Legislativo la llamada ley MAPE, un proyecto que está todavía en manos de la Comisión de Energía y Minas. El verdadero problema con esa iniciativa, no obstante, no es que no esté lista, sino que propone un marco legal aún peor que el del Reinfo para el desarrollo de la actividad en cuestión. Los especialistas que han revisado el texto señalan, en efecto, que lo que plantea es beneficiar a los mineros ilegales, prestándoles el disfraz de pequeños mineros o mineros artesanales. De ser aprobado el proyecto, en otras palabras, lo que se obtendría es un Reinfo recargado.Llama la atención por eso la presión ejercida este martes por el presidente de esa comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), y algunos otros parlamentarios de izquierda presentes en el referido grupo de trabajo para que se discutiera el predictamen de la norma y promover su aprobación a marcha forzada. Una sesión fuera de plazo, una interpretación antojadiza del reglamento del Congreso y hasta una amenaza velada fueron los recursos de los que ese puñado de legisladores echó mano para tratar de imponer su voluntad.