En la jornada de hoy, dos ministros tendrán que responder ante el Pleno del Congreso las 52 preguntas contenidas en varios pliegos interpelatorios. En ambos casos las mociones se justifican ampliamente.A Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, se le cuestiona su falta de liderazgo para enfrentar a uno de los mayores flagelos del país: la minería informal e ilegal. Una actividad delictiva que no solo deja un reguero de sangre y destrucción en cada lugar que acomete, como viene ocurriendo en Pataz, sino que además ahuyenta o paraliza la inversión y la producción minera que se lleva a cabo cumpliendo los estándares nacionales e internacionales, como manda la ley.Montero debería responder además por el despido intempestivo del viceministro de Minas, Henry Luna, un técnico con trayectoria que venía resistiendo en el Minem los afanes y gollerías de mineros informales e ilegales. Una salida que se produjo justo cuando se discutía en el sector la nueva Ley MAPE, con la que se pretende estirar un registro transitorio de formalización como si fuera un chicle. Es decir, mantener otro Reinfo, pero que esta vez podría darles a estas actividades depredadoras una cobertura legal a perpetuidad.La situación del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, tampoco es auspiciosa. Así haya retrocedido, su sospechoso interés inicial por impulsar y aprobar expeditivamente la reducción del plano perimétrico de la Reserva de las Líneas y Geoglifos de Nasca -declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1994- causó estupor en la opinión pública, arqueólogos y ambientalistas, pues los únicos beneficiados con la medida eran los mineros ilegales que acechan, o ya han invadido, no pocos tramos de esa área protegida.