Por Renato Mejía, socio de Vinatea & Toyama.La informalidad laboral, que alcanza a más del 70% de nuestra PEA, no es un fenómeno marginal, sino parte de nuestro sistema económico y social, en el que coexiste y se interconecta con la economía formal y la criminalidad. Las personas y empresas ingresan a la informalidad como respuesta a la falta de oportunidades en el sector formal, a los costos de formalización, a regulaciones poco adaptadas a la realidad o con expreso ánimo de evadir la ley.Estas actividades, aunque fueran lícitas, operan al margen de la ley y del control estatal, facilitando la evasión de impuestos y la precarización laboral, pero por ello mismo son utilizadas por la criminalidad para que el dinero que genera ingrese en el circuito legal mediante el lavado de activos o el intercambio de bienes y servicios, que puede llegar hasta la economía formal en una cadena en la que concurren actividades como el contrabando o la piratería, alimentando redes de corrupción y violencia.Así, la informalidad no solo perpetúa la evasión tributaria y la precariedad laboral, sino que vuelve difusa la frontera entre lo informal y lo criminal, y se convierte en terreno fértil para la criminalidad organizada, representando un grave riesgo para la seguridad y el desarrollo del país.