Por Bruno Ghio, CEO y fundador Allié Family Office.Las regulaciones de corte paternalista aplicadas en sectores como la minería y la pesca en el Perú -como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en minería y la Ley de Pesca Artesanal que restringe la actividad dentro de las cinco millas marítimas- han tenido un efecto contraproducente: han favorecido la industrialización de la informalidad a niveles sin precedentes en el país.En el sector minero peruano, se estima que alrededor del 40% de la producción de oro proviene de fuentes artesanales, informales e incluso ilegales (algunas estimaciones del propio sector informal elevan esta cifra al 55%). En el 2024, el Perú se mantuvo como uno de los principales exportadores de oro del mundo, alcanzando envíos por US$ 12,600 millones, de los cuales al menos US$ 5,000 millones habrían sido generados por la minería informal.En el caso de la pesca, el Perú es el principal productor mundial de harina de pescado. Sin embargo, aproximadamente el 25% de esta producción proviene de la pesca artesanal, informal o ilegal, dependiendo de cómo se clasifique. El año pasado, las exportaciones de harina de pescado ascendieron a US$ 3,200 millones, con un estimado de US$ 700 millones generados por actores informales.Esta expansión descontrolada de la actividad informal no solo afecta negativamente en la recaudación fiscal y la estructura productiva del país, sino que también genera una grave degradación ambiental. En el caso de la minería ilegal, se destruyen de forma indefinida extensas áreas; en la pesca, la explotación sin regulación compromete seriamente la biomasa de anchoveta, base del sistema de cuotas y pilar de la sostenibilidad pesquera nacional.
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