Hubo posiciones a favor y en contra. Por un lado, una férrea defensa de los policías, militares y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo; por el otro, la protección a las víctimas frente a los excesos que algunos integrantes de estos mismos sectores cometieron entre los años 1980 y 2000. Finalmente, quince congresistas inclinaron la balanza en la Comisión de Constitución del Congreso de la República y aprobaron el dictamen que concede una amnistía general a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional (PNP) y Comités de Autodefensa que están denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados de su participación en el combate contra el terrorismo a lo largo de dos décadas. La iniciativa, que debe ser aún discutida por el Pleno del Legislativo, extiende el beneficio "de carácter humanitario" a los adultos mayores de 80 años que habiendo sido miembros de dichas fuerzas del orden y comités de autodefensa "cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentran en trámite de ejecución de sentencia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida" por los mismos delitos. En ningún caso, sin embargo, la ley se aplicará a quienes hayan sido imputados o sentenciados por terrorismo o corrupción de funcionarios.