La ley aprobada por el Congreso que reduce en dos puntos la recaudación del IGV al gobierno central y eleva, a su vez, en ese nivel la asignación a las municipalidades (Foncomun) permanece, desde hace varios días, sobre el escritorio de la presidenta Dina Boluarte, a la espera de que la promulguen.Hay quienes, ciertamente, han adelantado opinión a nombre del ministro de Economía, en el sentido que se le dará luz verde, pero todavía se está a tiempo de rectificar o, por lo menos, recomendar que se realice alguna observación a la autógrafa. Las objeciones técnicas no son pocas. Los expertos en el tema han explicado con claridad que más dinero para las comunas no necesariamente implica una mayor cantidad, o calidad, de obras públicas.Perú21, por su parte, constató en un informe que las transferencias del gobierno central, lejos de traducirse en una mejora de los servicios para los vecinos, privilegian el engorde de sueldos en planillas doradas.Basta darle una ojeada a las principales comunas de Lima Metropolitana y el Callao para notar un crecimiento significativo en sus planillas entre 2019 y 2024. Callao, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Lurigancho encabezan la lista de los distritos que casi han duplicado sus gastos en personal. Esto, mientras el desorden vial, los amontonamientos de basura, pistas y veredas intransitables y la delincuencia callejera crecen en estas zonas sin que las autoridades implementen planes para evitarlo.