Por Gabriel Daly, gerente general de Confiep.Durante casi 30 años, dos heridas abiertas marcaron el límite de lo políticamente admisible en el Perú: la violencia y el descalabro económico. Hoy, ambas parecen haber dejado de doler. La memoria corta -ese mal endémico de nuestra vida republicana- nos ha llevado a normalizar lo intolerable. Así como la violencia en la zona minera de Pataz remite a los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, la aprobación de una norma que modifica la distribución del IGV -aumentando en dos puntos porcentuales los recursos destinados a las municipalidades- amenaza con dinamitar la estabilidad fiscal que el país ha construido con esfuerzo desde la década de 1990. Una estabilidad que fue la respuesta a una crisis económica brutal, con hiperinflación de cuatro dígitos, colas interminables para conseguir alimentos y salarios que se esfumaban de la noche a la mañana. No se trata solo de cifras: quienes vivimos esa época sabemos que la economía puede convertirse en un infierno cotidiano. Y nadie desearía regresar allí.