Desde El Comercio hemos insistido en la necesidad de que los partidos políticos que aspiran a varios cargos públicos lleguen al poder de la mano de cuadros técnicos intachables. En ese sentido, para ciertos puestos de la administración pública, no tendría por qué ser un demérito mantener cercanía con una agrupación política que ganó posiciones de autoridad mediante los votos; de hecho, sería lo esperable. Pero no es eso lo que se está registrando en el Congreso de la República. Por ejemplo, a finales de abril pasado, Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo y congresista por Alianza para el Progreso (APP), aceptó que propuso a Yessenia Lozano como jefa del nuevo Centro de Modalidades Formativas. Lozano se identifica como la "hija política" de César Acuña, líder de APP, y gozaba de un sueldo de S/19.000 mensuales -más que cualquier congresista- sin preparación o trayectoria suficiente que los justifiquen.