El reciente paro de transportistas que afectó a la población de Lima Metropolitana no puede pasar desapercibido, pues reedita un grave y recurrente fenómeno que mezcla tanto el intolerable desafío a la autoridad por parte de algunos, cuanto la nefasta informalidad social.Resulta indignante y absurdo que se pretenda chantajear a la autoridad --y peor aun por medio de la violencia--, para solicitar una amnistía general a las multas y licencias retenidas que se han ganado con creces. Es decir, cometen faltas salvajemente una y otra vez, acumulan multas que nunca pagan (a pesar de que se ha rebajado montos) y pretenden, al final, que se les perdone todo apelando al paro y la violencia.Esta línea de razonamiento es inaceptable, pues trae abajo toda la estructura del Estado de derecho, basada en el principio de autoridad, el respeto al orden y la sanción a los transgresores. El hecho de que se los hayan permitido en el pasado lleva a algunos grupos a convivir y beneficiarse del desafío permanente a la autoridad y el orden, aduciendo que son mayorías necesitadas, lo que no significa que debamos aceptar este indebido actuar. Por el contrario, el reto es llamar la atención y actuar con energía para hacerles entender que solo respetando la autoridad y la ley será posible imponer orden y lograr desarrollo para todos. Es por ello que apoyamos la posición firme del Gobierno ante el Sutep, cuya cúpula politizada medraba con el desorden y el caos de la educación y se oponía por consigna a cualquier cambio.En cuanto al transporte urbano es evidente que sigue en estado crítico, debido en gran parte a la indolencia de las autoridades, pero también a la informalidad de las empresas y a la saturación y obsolescencia del parque automotor. El resultado es un servicio deficiente, incómodo e inseguro, que a su vez es causa principal del desorden citadino y del alto grado de contaminación.En tal contexto, reiteramos la necesidad de restaurar el principio de autoridad en este ámbito y proseguir con los programas municipales de reordenamiento del transporte urbano. Estos deben incluir la revisión de las rutas, la renovación de la flota y también la formalización de la empresas, de modo que puedan invertir y absorber a sus empleados, lo que pudiera llevar a debatir el reajuste de las tarifas.