La irresponsabilidad del Gobierno al permitir que la minería ilegal ingrese al espacio de las Líneas de Nazca merece más que una llamada de atención. Por si a alguien le quedaba dudas sobre el compromiso del gobierno en la lucha contra la minería ilegal y su avance en zonas protegidas, el Ministerio de Cultura (Mincul) se encargó de despejarlas a finales del mes pasado. En pleno debate público sobre la ley que regula la minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE), y con el país en vilo por el aumento de la violencia asociada a la actividad en La Libertad, el ministerio consideró apropiado ceder a una demanda de larga data de mineros informales: reducir notablemente la extensión de la zona protegida en la reserva arqueológica de las líneas de Nazca. El espacio será ahora 42% más pequeño.De acuerdo con el informe publicado hoy en El Comercio, el cambio pondría a los mineros ilegales a tiro de piedra de algunos de los restos arqueológicos más emblemáticos del Perú. De hecho, la situación parece aún más grave: en el espacio intangible original hay 728 registros de derechos mineros en trámite y 596 derechos mineros titulados. Decenas de nuevos petitorios de derechos mineros se han presentado a partir de la reducción del área protegida. (Edición domingo).