El 21 de mayo, casi sin llamar la atención, el pleno del Congreso aprobó una ley que, en pocas palabras, le quita fondos al Gobierno Central para dárselos directamente a las municipalidades. Esto, que se hará redirigiendo gradualmente el destino de hasta dos puntos de lo recaudado por el IGV hacia el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), significa que el Ejecutivo dejará de recibir al año unos S/8.000 millones -en cálculos del presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura- que deberá recortar de su presupuesto o conseguir de alguna otra manera. Por increíble que parezca, el principal perjudicado con esta reasignación ha adelantado que no observará la ley, porque, en palabras del titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, esta no tendrá consecuencias fiscales. Como si lo anterior no bastara, el ministro también ha anunciado que el gobierno viene preparando un nuevo crédito suplementario a favor de los gobiernos regionales y municipales que debe estar listo antes del 28 de julio. (Edición sábado).