"La Secretaría General del CIADI notificó a las partes el registro de la solicitud de anulación y la suspensión de la ejecución del laudo", informó la Comisión Especial que representa al Perú en Controversias Internacionales de Inversión. De esta manera, no se tendrá que pagar los 302 millones de dólares que había exigido Enagás.Esta empresa era socia de las corruptas Odebrecht y Graña & Montero en el Gasoducto del Sur, y había logrado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le diera la razón. Según se informó, esto ha cambiado."El Estado peruano, en conjunto con sus abogados externos del Estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP evaluaron el laudo -incluyendo la decisión de rectificación- y el pasado viernes 30 de mayo de 2025, solicitaron la anulación a la Secretaría General del CIADI", se indicó.