Por Elena Conterno, especialista en políticas públicas.La descentralización no es un fin en sí mismo, sino que debe enmarcarse en el objetivo de procurar mejores servicios para los ciudadanos. El Congreso ha aprobado transferir dos puntos del Impuesto General a las Ventas (IGV) al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), de tal manera que esos recursos se distribuyan a las municipalidades.La transferencia de mayores recursos a las municipalidades, si bien puede aparentar ser una forma de avanzar en la tan anhelada descentralización, preocupa por diferentes motivos.Primero, por su impacto fiscal: en un contexto de bajo crecimiento y alta rigidez presupuestal, restarle ingresos al Gobierno nacional debilita aún más su capacidad de inversión y prestación de servicios básicos de educación, salud y seguridad. Increíble que el MEF, que debería ser guardián de la estabilidad fiscal, esté pidiendo una modificación a la regla de déficit fiscal y en simultáneo avalando esta transferencia de recursos.Sorprende además que siga permitiendo que el Congreso perfore la limitación constitucional a su iniciativa de gasto. La señal que el MEF manda al mercado es que ya no actúa con criterios técnicos, sino políticos, y que la estabilidad fiscal, que por años fue un pilar clave para el crecimiento y el desarrollo del país, está en riesgo.Segundo, porque no existen condiciones para que esta transferencia se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía. La evidencia muestra que las municipalidades tienen un pésimo desempeño en la gestión de proyectos de inversión: cada año dejan de ejecutar aproximadamente S/ 10,000 millones del Foncomun (que es aproximadamente lo que les transferirán como adicional) y descontinúan miles de proyectos (análisis del CPC). Si bien la transferencia de recursos adicionales contempla ciertas exigencias en términos de planes a desarrollar, no trae fortalecimiento de capacidades, ni exigencias de desempeño, ni mecanismos de rendición de cuentas.
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