Por Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado a Mocroconsult.Durante las últimas semanas, se ha venido discutiendo en el Congreso de la República, un proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). La iniciativa, planteada por Perú Libre, pone el foco en dos artículos de la LPSN que facultan al Estado a entregar en concesión, la construcción y operación de infraestructura portuaria, restringiendo dicha posibilidad en cuanto al grado de participación privada (un máximo de 40% en asociación con el estado) y plazo (un máximo de 10 años). Resulta paradójico que hace menos de un año, este mismo Congreso, haya aprobado la Ley 32048, que equiparaba los plazos máximos de concesión establecidos por la LSPN a los vigentes para el resto de los sectores, subiéndolos de 30 a 60 años.El 92% del comercio exterior del país se realiza a través de los puertos. La reforma del sector portuario peruano es una de las más exitosas de los últimos años. Según un estudio realizado por Macroconsult en el 2024, los terminales portuarios concesionados han aportado entre el 2012 y 2022, alrededor del 2.4% del PBI del sector transporte.En términos de puestos de trabajo, se ha encontrado que tanto por el impacto directo, indirecto e inducido de las concesiones portuarias, éste alcanzó en el 2022 a unos 46 mil empleos. Asimismo, en los años 2021 y 2022, el aporte por tributos del sector portuario ascendió a unos US$ 125 millones por año; mientras que por concepto de pagos en favor del Estado se transfirió aproximadamente US$ 30 millones.
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