"HAY CORRUPCIÓN POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL EN PATAZ"

Hoy vence el plazo de 72 horas que organizaciones, dirigentes y autoridades de Pataz otorgaron al Gobierno, el 29 de mayo último, para abordar el cese de la suspensión de actividades mineras en dicha provincia de La Libertad. De no hacerlo, advirtieron de un "acto de desborde social" y el "ejercicio de los derechos constitucionales de la población". Ello fue comprendido en un acta suscrita por los arriba mencionados tras frustrarse la instalación de una mesa de diálogo con cuatro ministros. Uno de los firmantes, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, señaló a Correo que el Gobierno no tiene una estrategia clara para solucionar la crisis en la provincia.