El BCR ha alertado que, dada la rigidez del gasto público y la menor recaudación proyectada, cualquier reforma que recorte ingresos públicos debilita la capacidad del Estado para invertir y atender servicios esenciales como salud, educación y seguridad. En efecto, la medida aprobada amenaza con reducir los recursos disponibles del Gobierno Central hasta en 0.7% del PBI al año. Frente a ello, el IPE estima que, para mantener el nivel de gasto actual, la deuda pública se elevaría a 34% del PBI en los próximos 10 años, casi cinco puntos porcentuales por encima de lo que proyecta el MEF para la misma fecha. Ello sería un máximo desde el 2006, sin considerar la pandemia, cuando la deuda ascendió a 34% del PBI.Así, en vez de transferir más recursos a los gobiernos locales, lo más efectivo sería fortalecer sus capacidades de ejecutar bien y de generar ingresos propios. (Edición domingo).