Ante el pedido de la Fiscalía de la Nación para suspenderlo por 36 meses, el reincorporado fiscal supremo Tomás Gálvez afirmó que esta solicitud no solo es contradictoria y "no realizable" porque no ejerce el cargo, sino que, además, es "ilegal e inconstitucional".Gálvez, quien investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal y cuyo retorno al Ministerio Público fue ordenado por del Tribunal Constitucional, solicitó ayer que se rechace el pedido de la Fiscalía porque solo es aplicable a funcionarios en actividad y él está fuera de la entidad desde abril de 2021.