Por Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas.El Congreso acaba de aprobar la ley que promueve la descentralización fiscal, que le otorga 4 puntos porcentuales (pp) del 18% del IGV a las municipalidades, 2 pp sobre lo que tenían antes. El gobierno, en vez de observar la norma, ha decidido apoyarla y el ministro del MEF ha dicho "que no generará un impacto fiscal". Más allá de la inconstitucionalidad de la norma, que viola el artículo 79 de la Constitución sobre que "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos", tampoco ayuda a las municipalidades porque dispone que estos recursos "sean destinados únicamente para el financiamiento de proyectos de inversión pública" y tengan que "contar con dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico". Es decir, establece condiciones más onerosas que las que tienen que cumplir para acceder a las transferencias que hoy reciben del Gobierno Central. La norma abre un mal precedente difícil de cerrar, pues permite que, en el futuro, las municipalidades y las regiones presionen por una participación mayor del 18% del IGV, que es nuestro impuesto que más recauda. Este podría ser el final de la estabilidad fiscal y, contrario a lo que dice el MEF, sí genera impacto fiscal, porque el Gobierno Central pierde recursos para financiar los gastos sociales, que son la base del efecto distributivo de nuestro presupuesto. La regla dorada de las finanzas públicas es no etiquetar los ingresos porque le quita flexibilidad al Tesoro para asignar sus recursos libremente. Hay que recordar que la estabilidad fiscal ha sido por años lo que nos ha permitido el crecimiento, no el gasto público.