La encuesta elaborada por Ipsos para el colectivo País Seguro da a conocer la percepción de los peruanos sobre los riesgos del avance de la minería ilegal en el país.El dato más preocupante del estudio es que el 71% cree posible que la próxima campaña electoral pueda estar financiada por tan ubicua -como solvente- actividad criminal. Es decir, una buena mayoría de ciudadanos está convencida de que los mineros ilegales tendrán representación propia en el próximo Parlamento. Y una cantidad similar de encuestados (casi 70%) considera que ya, de hecho, influye actualmente en el ámbito político.Para nadie es un secreto que el país vive un clima de desasosiego social debido, justamente, al avance del crimen organizado y la delincuencia callejera, sin que el Gobierno atine a hacer algo efectivo para imponer la ley allí donde se le pisotea. Pero la situación empeora si la población está persuadida también de que parte de sus máximas autoridades, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, están contaminadas por los dineros de las economías ilegales.