Por Anthony Laub.Los luctuosos sucesos de Pataz tienen que ser un punto de inflexión en la forma en que el Estado trata a la minería. La actividad más relevante de la economía no puede seguir divagando entre el 0 y el 100 de exigencia como lo hace hoy. Tenemos un grupo de mineros formales a los que se regula y fiscaliza a niveles inframoleculares y se les exige cumplir inagotables requisitos para obtener las decenas de permisos requeridos para que operen (100) y miles de informales e ilegales a los que la ley y la autoridad les son ajenos (0).Solo en permisos, a un formal le toma más de 5 años y, una vez obtenidos, se le exige cumplir con ese "fantasma antiminero" creado por la izquierda (¡cuándo no!) llamado "licencia social" que, obviamente, nadie sabe qué es o cómo se obtiene, pues no es un procedimiento regulado.Hacer una mina formal (¡paga impuestos insensatos!) toma unos 15 años, mientras las grandes oportunidades pasan por delante (como este superciclo minero) y el mineral reposa bajo tierra. Los informales van de frente, explotan y dejan cero.La minería informal es aquella actividad que, pese a carecer de autorización, no infringe penalmente la ley. La ilegal sería aquella que la vulnera. No termino de entender esta exquisitez jurídica para calificar a una de ilegal o informal. La frontera es brumosa. Ambas no pagan impuestos, no cumplen regulaciones, explotan a la gente y no cuidan el ambiente.