Se busca aplicarlo para las Asociaciones Público-privadas (APP), pero en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP) ya está vigente. El nuevo marco normativo, activo desde el pasado 22 de abril, contiene una disposición específica para acotar el nivel de cuestionamiento de la Contraloría sobre las decisiones que toman los funcionarios del Estado.Hablamos del artículo 27, que trata sobre la "discrecionalidad y rigor técnico" de los servidores públicos encargados de las contrataciones del Estado, una figura que, si bien ya estaba presente en las LGCP previas, ahora aparece de forma explícita.Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltan que esta parte de la LGCP permitirá que los funcionarios tomen decisiones de contratación sin dudar por un posible cuestionamiento de la Contraloría. El sector acota el alcance de su uso.
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