La tragedia de Pataz, en la que 13 trabajadores mineros fueron asesinados brutalmente hace casi un mes, no es un caso aislado sino la punta del iceberg de una crisis nacional que el Estado Peruano ha demostrado ser incapaz de controlar. La realidad es devastadora, pues según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental al menos 10 zonas del país reúnen las mismas condiciones para convertirse en nuevos Pataz. Estas áreas críticas, según reveló un informe de El Comercio, incluyen Ayabaca en Piura, Condorcanqui en Amazonas, diversos distritos en Áncash, Datem del Marañón en Loreto, Cotahuasi en Arequipa, La Pampa en Madre de Dios, Tambobamba en Apurímac, Sandia y Carabaya en Puno, Puquio en Ayacucho, y la Reserva Comunal del Sira en Ucayali. Las cifras al respecto son realmente alarmantes. En los 10 años, entre el 2013 y el 2023, la minería ilegal generó US$8.216 millones, superando significativamente al narcotráfico, que alcanzó US$640 millones. La actividad ilegal se ha expandido a 32 distritos amazónicos y afecta 22 ríos en cinco regiones. Asimismo, las pérdidas económicas que deja esta actividad equivalen a más de S/22.700 millones.