Un día después del hallazgo de los 13 cuerpos de trabajadores asesinados en Pataz, el gobierno de Dina Boluarteordenólainmediataexclusión de todas las personas naturales y jurídicas que tenían el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido en esa provincia de La Libertad, para evitar que se use como camuflaje de mineros ilegales. En solo una semana se habían revocado 1.425 inscripciones.El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA), se pregunta por qué no se hizo lo mismo con los registros suspendidos de todo el país. Él asegura que hay al menos una decena de zonas críticas donde el avance de la minería ilegal amenaza con desencadenar niveles de violencia similares."Existen al menos 10 potenciales Pataz en el país. No están visibilizados porque no ha habido masacres como lo que se vivió en Pataz, pero tenemos minería ilegal crítica. [...] No se les está dando la misma atención pese al riesgo", dijo a El Comercio.Esta advertencia incluye a Condorcanqui, provincia de Amazonas, donde la minería ilegal de oro amenaza al pueblo awajún, y solo en el 2024 se calculaba que todos los días cien toneladas de material extraído del Perú salía ilegalmente hacia Ecuador.
- [El Comercio,Pág. 3] /