La ciudadanía sabe perfectamente que los tentáculos de la minería ilegal han logrado ingresar a la esfera pública y política del país infectándola con las ingentes cantidades de dinero sucio que mueve, a costa de la sangre que derrama a su paso. Así lo devela la encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, que publica hoy Perú21. Los indicadores, recogidos hasta diciembre de 2024, es decir, incluso antes de las últimas muertes acontecidas en Pataz, La Libertad, muestran que el 81% de los peruanos creen que esta actividad ilícita tiene una influencia entre extremadamente alta, muy alta y moderada en el ámbito político.Peor aún, cuatro de cada cinco encuestados consideró que la minería ilegal es un delito (83%) que ha corrompido a congresistas y gobernadores regionales (82%), y que, por ende, es perjudicial para el Perú (80%). Números contundentes que reflejan la defensa que ha existido de ciertos sectores del Congreso para, por ejemplo, evitar la eliminación del Reinfo, que sigue vigente, convirtiéndose en una patente de corzo para los criminales disfrazados de mineros informales. ¿Y cómo ve la gente el panorama de cara al 2026? Pues 7 de cada 10 peruanos (71%) cree que es probable que la campaña electoral vigente esté financiada por la minería ilegal. Así es, candidatos presidenciales y parlamentarios pegando afiches y movilizando recursos para sus mítines gracias al dinero sucio.El futuro, en efecto, no es promisorio para la ciudadanía, ya que el 63% cree que es probable que nos convirtamos en un país controlado políticamente por las mafias de la minería ilegal.