Por José De Echave. Investigador de Cooperación.El 25 de abril ya se sabía que un grupo de trabajadores de seguridad que habían ingresado a una de las galerías subterráneas de Minera Poderosa -operada por un tercero-, había sido secuestrado. Fueron contratados para realizar un operativo de desalojo de invasores que contaban con el respaldo de las bandas criminales que operan en la zona.Sin embargo, el gobierno de la señora Boluarte dudaba de la veracidad del secuestro. Unos días después de las torpes declaraciones del ex PCM, Gustavo Adrianzén, video de por medio, los cuerpos sin vida fueron encontrados.Lo que ha pasado en todas estas semanas es una sucesión de hechos que muestran que el gobierno pretende hacer creer que está enfrentando un fenómeno que conoce y lo cierto es que no tiene la menor idea de lo que tiene al frente. Para comenzar deberían enterarse de que ellos mismos (y el Congreso) han reducido en casi 20 millones de soles la partida del Presupuesto de la República destinada al combate a la minería ilegal. Por lo tanto, cualquier anuncio rimbombante de alguna acción en Pataz no cuenta, ni siquiera, con respaldo presupuestal.(Edición domingo).