Por Elsa Galarza, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.En diversas regiones del país, la minería ilegal se ha instalado como una de las principales actividades económicas. A simple vista, genera ingresos inmediatos, dinamiza el comercio local y ofrece empleo donde el Estado ha estado ausente por décadas. Sin embargo, este aparente progreso es en realidad un espejismo. Bajo la promesa de riqueza rápida y grande, se esconde la creación de un modelo de pobreza estructural, violencia, delincuencia y degradación ambiental, que lamentablemente, hipoteca el futuro de estas zonas. Los últimos acontecimientos ocurridos en Pataz, a los que se suman muchos más ocurridos en diversas zonas mineras desde hace mucho tiempo, y la discusión interminable en el Congreso y en el Ejecutivo sobre el Reinfo y la nueva ley MAPE revelan que el problema de la minería ilegal no es solo un problema ambiental o de evasión fiscal, es mucho más complejo. La situación de la minería ilegal hoy es una expresión de un Estado débil, incapaz de ofrecer alternativas económicas sostenibles y de ejercer autoridad en su territorio. La producción de oro fluye sin control, así como también lo hace la informalidad, las mafias, la trata de personas y el clientelismo político. (Edición domingo).