El Ministerio Público presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32326, norma que modifica el Decreto Legislativo 1373, el cual regula el proceso de extinción de dominio, una herramienta clave para recuperar bienes obtenidos de forma ilícita.Según indicó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, esta modificación representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, al restringir las posibilidades del Estado de confiscar patrimonios vinculados a actividades delictivas. (Edición domingo).