Por Iván Arenas.No obstante que en ninguna ley o norma peruana existe el sintagma de licencia social, algunas autoridades, funcionarios del propio Estado como operadores políticos y opositores contra la minería moderna suelen utilizar ese concepto como sinónimo a "consulta previa" o, peor aún, como un permiso social otorgado por las comunidades o poblaciones aledañas a proyectos y operaciones mineras. Pero la minería ilegal sí tiene una licencia social, si cabe el término. Antes, vale decir que ya no hablamos de la minería informal, sino solamente de la minería ilegal.Diremos entonces que la minería ilegal tiene una licencia social porque ha logrado desarrollar una estrategia social sólida que la legitima allí en donde opera. La legitima a tal punto de confundir la minería ilegal con minería informal y sobre todo la convierte en una alternativa "social" frente a la minería formal (grande o pequeña) que tributa y genera empleos.Mientras algunas ONG ambientalistas aplican una guerra del fin del mundo contra la minería moderna y formal, por su lado la minería ilegal ha logrado desarrollarse con la complacencia de autoridades, funcionarios y líderes locales. Hoy, por ejemplo, en algunos lugares del país, las propias rondas campesinas, otrora organizaciones opositoras a toda minería, participan de manera activa en la industria minera ilegal.