"Que cualquiera que cometa este gravísimo delito se enfrente con un pelotón de fusilamiento, esa es mi decisión", dijo el 1 de noviembre de 2006 el presidente Alan García, en uno de sus pronunciamientos a favor de reinstalar en el Código Penal la pena capital para quienes cometan el delito de terrorismo.Pero, más allá de mensajes mediáticos para exacerbar a la población en busca de un respaldo a esta propuesta, no se ha escuchado, ni del presidente ni de sus 'compañeros', fundamentos de derecho que respalden este deseo presidencial.Sí existe, por otro lado, un pronunciamiento explícito y contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia previa a la Corte de San José, en el que no solo se insiste en que los países que han abolido esta condena no pueden volver a aplicarla, sino además aclara que ni en casos de terrorismo se justifica esta acción.