Al analizar las razones del incremento de la violencia extrema que sufren las comunidades vinculadas a la minería ilegal, se llega casi siempre a un punto en común: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).Esta norma fue implementada como un incentivo del Estado para apoyar la formalización de pequeños mineros artesanales en 2016. Sin embargo, todo indica que no ha cumplido los objetivos planteados en su origen.Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) obtenidos por La República, hasta mayo de 2025, de las 83.637 inscripciones registradas a nivel nacional, solo el 23,8% continúa vigente. En regiones particularmente afectadas por el terror de grupos armados vinculados al oro ilegal, más de dos tercios de los mineros que iniciaron su proceso de formalización tienen en la actualidad sus trámites suspendidos.(Edición domingo).