El nuevo agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, se mostró de acuerdo en cobrarle al extraditable Alberto Fujimori el costo de la reparación económica que el gobierno deberá cancelar a los deudos de los terroristas asesinados en el penal Castro Castro en mayo de 1992. Como se sabe, la Corte, en su fallo sobre el caso Castro Castro, dispone que el Estado indemnice a los deudos de los terroristas. Lo que pocos han dicho es que el gobierno aprista cuenta con una serie de mecanismos legales para hacer que el responsable directo de la sanción que ha recibido -en este caso Fujimori, quien ejercía el poder en 1992- asuma el costo económico de esta sentencia. (Edición domingo).