Por Eduardo Mercado, socio de Vinatea & Toyama Abogados.La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley 9744/2024-CR que propone otorgar bonificaciones a los trabajadores de la Sunafil en función de indicadores de desempeño institucional y de los excedentes de recaudación por multas. Aunque la intención es fortalecer la función inspectiva y reducir la informalidad, la propuesta presenta riesgos y contradicciones respecto a la verdadera naturaleza y objetivos de la inspección laboral.La función principal de la inspección laboral es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es garantizar derechos y fomentar una cultura de cumplimiento, no recaudar fondos para el Estado a través de multas.Sin embargo, el proyecto vincula la entrega de bonos con los excedentes de recaudación por multas, lo que puede distorsionar la función inspectiva y generar un incentivo perverso: que la labor fiscalizadora se enfoque en buscar más sanciones en vez de prevenir, orientar o corregir conductas.El predictamen establece que la bonificación puede alcanzar hasta el 50% de la remuneración básica y se financiaría con hasta el 30% de los excedentes de recaudación anual, con la posibilidad de un 10% adicional si se cumplen ciertos indicadores. Este esquema no promueve la meritocracia ni la excelencia y podría alentar prácticas que, lejos de promover la formalización, tendría un efecto contrario.