Tras la masacre de Pataz, se ha levantado en el Congreso un clamor contra el Ejecutivo y su falta de acción frente a la criminalidad asociada a la minería ilegal. Un clamor que ha acabado traduciéndose en varias mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuyo debate se realizará antes de que termine la semana. Lo cierto, sin embargo, es que la situación que los parlamentarios critican no es solo culpa del gobierno y tiene que ver, en muchos casos, con ellos mismos. Como se sabe, el parapeto que permite operar a los mineros ilegales e impide a las autoridades intervenir en sus actividades, por turbias que parezcan, es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Un instrumento que, desde su creación, no ha impactado de manera relevante en el incremento de la formalización, y cuya vigencia ha sido extendida por el Legislativo en más de una oportunidad. Sin ir muy lejos, en noviembre del año pasado la actual representación nacional aprobó su renovación por seis meses con 87 votos provenientes de todas las bancadas. A la luz de los acontecimientos de Pataz, algunos legisladores han sugerido tímidamente la posibilidad de que haber respaldado esa extensión fuera un error, pero creer en la veracidad de semejante autocrítica se hace difícil. El dato que más alimenta ese escepticismo es la cantidad de visitas de dirigentes de organizaciones de mineros informales que legisladores de toda procedencia partidaria han recibido en los últimos tiempos.