Por Fernando Rospigliosi.El Gobierno ha fracasado completamente en el control de la minería ilegal y la violencia criminal en Pataz. Después de 16 meses de estado de emergencia, con cientos de policías y militares acantonados en esa provincia, la situación no solo no ha mejorado, sino que, indiscutiblemente, ha empeorado, como lo muestra el asesinato de 13 personas y el incremento de las actividades de la minería ilegal.El desastre es aún más evidente porque en abril el Gobierno movilizó a 850 militares y policías a Pataz, supuestamente para realizar operaciones contra la minería ilegal. Y a pesar de este enorme desplazamiento, se produjo, en ese momento, el horrendo asesinato de esos trabajadores.La manera despiadada y cruel en que fueron torturados y ultimados, incluyendo la filmación y difusión de la masacre, es un nuevo hito en la violencia delincuencial que no cesa de crecer.