Por Omar Mariluz Laguna, director del diario Gestión.La madrugada en que 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados por sicarios de la minería ilegal en Pataz no solo marcó una nueva tragedia. Fue, también, la confirmación más brutal de que en el Perú la criminalidad organizada ya no se esconde: opera a plena luz, amparada por la complicidad o la cobardía de los poderes del Estado. En este país, hoy, ser ilegal no solo es rentable. Es política pública. La masacre no ocurrió en el silencio de una zona remota. Sucedió en una provincia bajo estado de emergencia hace más de un año, con antecedentes inmediatos: hace poco más de un año, otros 9 trabajadores de la misma empresa habían sido asesinados. Pero el Estado no actuó. No lo hizo en diciembre del 2023, y tampoco lo hizo ahora. Y esa inacción solo tiene dos explicaciones: o es ineptitud estructural o es corrupción operativa. Ambas son mortales.Desde el Congreso, la pasividad ha sido descaradamente deliberada. En marzo del año pasado, con absoluto conocimiento de los asesinatos previos en la zona, el Parlamento aprobó una nueva ampliación del REINFO. Una especie de salvoconducto con el que se permite a miles de operadores ilegales seguir extrayendo, procesando y vendiendo oro, mientras se proyectan como "formales en proceso". Es una figura legal tan perversa como efectiva: les otorga derechos, aplaza fiscalización y sirve de excusa política para no intervenir.
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