La minería formal y la minería artesanal o informal se han visto afectadas económicamente con millonarias pérdidas para sus sectores, el país y la población, debido a la suspensión de toda actividad minera, decretada por el Gobierno por 30 días como una medida improvisada y de urgencia en la lucha contra la criminalidad.Al reciente pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a través de su presidenta, Julia Torrealba, para que el Ejecutivo dé marcha atrás con esta restricción, se suma ahora el del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños. En comunicación con Perú21, demandó a la presidenta Dina Boluarte dejar sin efecto dicha medida."Si para el Gobierno central le es incómodo que la población haga minería artesanal, tiene que generar algo alternativo. Tiene que decir: ‘No te dediques a la minería artesanal, pero dedícate a esto’", señaló.Según Mariños, la suspensión de la minería en los distritos liberteños de Pataz, Parcoy y Tayabamba ha generado pérdidas por US$90 millones al sector artesanal o informal, y ha dejado sin empleo a 12,000 personas. A ello se suma el impacto negativo en el comercio y la agricultura.