Por Renzo Reggiardo.Los últimos acontecimientos en Pataz han mostrado a la opinión pública la magnitud del problema detrás de la explotación minera ilegal e informal que ha sido controlada por el crimen organizado. También pone al descubierto los niveles de corrupción en las dependencias públicas encargadas de fiscalizar y controlar la actividad ilegal que mueve millones de dólares que además de causar daño ambiental priva al Estado de contar con los recursos para su desarrollo a través de los tributos que genera la actividad minera.En las redes sociales abundan las denuncias sobre la corrupción de miembros de la Policía que permiten la circulación de vehículos que transportan el mineral para su procesamiento sin el control de su origen ni destino. Es posible que estas denuncias no sean nuevas, al parecer no se han tomado acciones para corregir esta situación. En otras denuncias se señalan pagos para ser colocados en el puesto de control, situación que incentiva los actos de corrupción, que los convierte en cómplices del crimen organizado. Si bien algunas denuncias podrían ser falsas, éstas deben ser tomadas en consideración y ser investigadas.(Edición domingo).