A solo 30 minutos de Pueblo Nuevo, el lugar donde se ubica la bocamina en la que encontraron los cuerpos de los 13 trabajadores de R&R asesinados por sicarios enviados por Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, se levanta un edificio que costó dos millones y medio de dólares a la minera Poderosa, construido para albergar al Frente Policial de Pataz, pero la desidia del Gobierno lo mantiene inactivo.Hace más de un año que la gestión de la presidenta Dina Boluarte prometió crear esta unidad para enfrentar a los delincuentes que atentan contra la minería formal. En marzo de 2024, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acordó implementar este frente si la minera Poderosa corría con los gastos de la construcción de una infraestructura capaz de albergar a los policías y militares que devolverían el orden a la zona.Fuentes de la empresa minera explicaron a Perú21 que Adrianzén se opuso a que la construcción del edificio se haga bajo la modalidad de obras por impuestos, por lo que Poderosa tuvo que poner de su bolsillo para levantar el edificio, porque pensaron que esa era la oportunidad de tener una comisaría cerca de ellos, un anhelo que perseguían desde 2013.(Edición domingo).