"Yo voy a seguir peleando, aunque sea solo, en favor de la mayor sanción para los grandes criminales". Cuando Alan García soltó ayer esta frase ante una multitud en Puente Piedra, cargada del populismo tan caro a él, seguramente ya había escuchado las voces en desacuerdo y bien sustentadas en contra de su propuesta de someter a referéndum la instauración de la pena de muerte para los terroristas.Pero si no todas, el jefe del Estado debió atender al menos la voz de su más cercana asesora legal, la ministra de Justicia, María Zavala, antes de lanzar su idea."Jurídicamente hablando, la Constitución exceptúa los referendos cuando se pretende disminuir los derechos humanos y, obviamente, la pena de muerte implica suprimir el derecho a la vida", reconoció Zavala. Frente a la embarazosa situación de tener que enmendarle la plana al gobernante, buscó una salida elegante."Se trata, en todo caso, del planteamiento del señor presidente. Todavía no se ha materializado ni ha habido ninguna consulta (a nivel ministerial)".(Edición sábado).