La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado que una entidad similar al Osinerg (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -- Osinergmin) se haga cargo de supervisar y fiscalizar las actividades mineras, lo que debe merecer un análisis ponderado.La iniciativa es interesante y positiva, en cuanto revela la intención de dotar al Estado de herramientas concretas para controlar una actividad que tiene grandes repercusiones en los ámbitos económico, tributario, ambiental y social.Efectivamente, es conocido que la extracción minera representa un gran filón de nuestro producto bruto interno, de nuestras exportaciones y también de nuestras reservas internacionales. Sin embargo, así como crea empleo e inyecta dinamismo a ciertas comunidades y regiones, ha sido igualmente fuente de conflictos. Ello debido, entre otras cosas, a fuertes discrepancias en torno al manejo ambiental, a la manera de explorar y explotar determinadas áreas y al modo de disponer del canon y de las regalías.Del otro lado, tiene que considerarse la experiencia del Osinerg, que carece no solo de los recursos presupuestales suficientes, y que finalmente dependen de las empresas a las que debe supervisar, sino también de la necesaria autonomía para cumplir eficiente e imparcialmente su labor.A propósito, es preciso recordar que una de las reformas constitucionales pendientes es precisamente la que apunta a blindar la autonomía de los organismos reguladores, de control, de fiscalización y de certificación estadística. Se incluyen aquí la SBS, el BCR, la Defensoría del Pueblo, el INEI, Indecopi y el resto de instituciones reguladoras (Osinerg, Ositrán, Osiptel y Sunass), entre otros. Como señalamos en nuestra Agenda de Gobierno 2006, estas entidades podrían formar un cuarto sector institucional, que goce de autonomía en la vigilancia y supervisión pública, para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión del Estado. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /