La masacre de trece mineros en Pataz (La Libertad), atribuida a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, ha vuelto a poner sobre la mesa una paradoja inquietante: mientras crece la violencia ligada a la minería en regiones clave del país, el presupuesto estatal para enfrentar esta actividad ilícita sigue en retroceso.De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2019 y 2025, los presupuestos públicos asignados a los programas relacionados con minería ilegal, formalización minera, tráfico ilícito de drogas y conflictos sociales muestran importantes variaciones.El programa presupuestal para la Reducción de la Minería Ilegal (0128) ha disminuido de S/97,8 millones en 2019 a S/70,6 millones en 2025, lo que representa apenas el 0,05% del presupuesto nacional. La cifra también evidencia una marcada caída respecto a los S/90,8 millones asignados en 2024.