Por fin el Congreso, a través de la Comisión de Justicia que preside Raúl Castro (UN), comenzará a debatir la Ley Orgánica de la Carrera Judicial, que debe ser concebida como una herramienta básica para definir el perfil y las prerrogativas de un magistrado altamente calificado, con sólida formación ética y jurídica, con trayectoria de respaldo para ejercer su labor con eficiencia e independencia. Esta legislación debe permitir también promover una línea de carrera que premie el mérito, sancione las faltas y atraiga a profesionales de alto nivel a la magistratura. La oportunidad es propicia. Como enfatiza el presidente del Poder Judicial Francisco Távara, en entrevista que publica hoy El Comercio, es urgente retomar la reforma de la administración de justicia sin vuelta atrás. Esto es necesario, por ejemplo, respecto de la renovación de magistrados. Debe señalarse que al concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura, para cubrir plazas de la Corte Suprema, concurrieron algunos candidatos que ya fueron desaprobados previamente y otros conocidos por sus polémicos fallos. Ello hace suponer que sería difícil encontrar magistrados supremos de la calidad que el país requiere, por lo que, finalmente, el proceso de selección debe ser declarado desierto.Debe destacarse la voluntad de los legisladores de abrir cauces para que el acceso a la Corte Suprema sea más abierto , para incentivar la participación de abogados desligados de la magistratura, pero con trayectoria ética y profesional irreprochable que, en la madurez de su carrera, podrían sumar a la máxima instancia judicial. Un avance es la propuesta del doctor Távara de entregar la dirección general del PJ a un jurista de nota. Sin duda, esto debe complementarse con otros ajustes legales y con una reforma constitucional. La Corte Suprema debe ser un tribunal de casación y quedar liberada de la enorme carga procesal, de manera que solo se limite a evaluar procesos y sentar precedentes judiciales.Una ley de la carrera judicial es, pues, un paso adelante para atraer a los mejores y posibilitar una renovación de la Corte Suprema, para que recupere prestigio y se promuevan los cambios que eviten corruptelas y mediocridades. Estas son las líneas maestras que no debe perder de vista el Congreso, teniendo como telón de fondo la reforma judicial integral.