La fuga de Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, presunto autor intelectual de la masacre en Pataz, ha sido la gota que rebalsa el vaso. Que un personaje señalado como responsable de uno de los crímenes más atroces de los últimos tiempos -el asesinato de 13 trabajadores mineros- se escape impunemente, revela la absoluta ineficacia del Estado en su tarea más elemental: garantizar seguridad y justicia.Este hecho no solo refleja la incapacidad operativa del Gobierno frente al crimen organizado, sino que desnuda una profunda crisis de conducción política. El mensaje que se transmite es de total impunidad.Frente a esta tragedia nacional, es imprescindible identificar las responsabilidades políticas. La presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, están en primera línea. La incapacidad para responder con eficacia y firmeza a un crimen de esta magnitud no puede quedar sin consecuencias. Si bien el camino de la vacancia presidencial está plagado de obstáculos políticos, lo que sí debe ponerse sobre la mesa de inmediato es la censura del premier y, con él, la recomposición total del gabinete.
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